El cifrado de las comunicaciones como derecho humano fundamental

La necesidad del cifrado de las comunicaciones continúa siendo un tema que pasamos por alto. Mientras tanto, los gobiernos utilizan sucesos como los recientes ataques de París como excusa para exigir que se eliminen o se relajen las medidas que aseguran la privacidad de las comunicaciones, en aras de la seguridad.

No percibimos su importancia quizá, pero deberíamos darnos cuenta de lo vital que es. Tanto es así, que las Naciones Unidas están estudiando considerar la privacidad y el secreto de las comunicaciones como un derecho humano fundamental. En un informe publicado en mayo se afirmaba que “la censura online, la vigilancia masiva y la recogida de datos de los ciudadanos, obligan a cada individuo en todo el mundo a buscar una forma segura para expresar sus opiniones, y para recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo”.

En este primer informe al Consejo de Derechos Humanos, se abordan dos cuestiones íntimamente relacionadas entre sí. En primer lugar, se pregunta si el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión amparan el secreto de las comunicaciones online, y si necesitan del cifrado y del anonimato para ello. Y en segundo lugar, suponiendo que la respuesta al punto anterior sea afirmativa, se pregunta hasta qué punto los gobiernos pueden entonces imponer restricciones a la encriptación de las comunicaciones digitales.

El informe trata de responder a estas preguntas y proponer recomendaciones. Su conclusión es que el cifrado y el anonimato deben ser fuertemente protegidos para que las personas puedan ejercer sin cortapisas su derecho a la libertad de opinión y de expresión en la era digital. Dichas garantías son esenciales para el ejercicio de otros derechos, económicos, de expresión o de libre asamblea y asociación, entre otros.

Y aquí viene lo difícil: debido a la importancia y al impacto sobre los derechos de libertad de expresión y opinión, las restricciones sobre el cifrado y el anonimato deben estar expresamente sujetos a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad.

Esta delgada línea roja sigue el quid de la cuestión: ¿dónde situarla?

Vía United Nations Human Rights

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